Un jurista romano decía, hace ya algún siglo que otro, que
la justicia básicamente se basaba en ser
honesto, no hacer daño a nadie y dar a cada uno lo suyo. Y suena bien la
verdad, pero con el paso del tiempo, en nuestro país este ideario ha ido,
digamos, ‘evolucionando’. Efectivamente, la justicia hoy en España moderniza
estos términos en ser honesto con el que
me mantiene en el poder, hacer daño solo al que me desafíe y llevarnos cada uno
lo nuestro.
Pensará el lector, tal vez, que he sido un poco duro así de
antemano con la justicia de nuestro país. O tal vez no. Si hablamos de
política, todos estamos de acuerdo de que la crisis institucional y la imagen
de los políticos son nefastas a día de hoy. Pues qué pensarían entonces si les
digo que política y justicia en España podría recogerse en el diccionario de la
RAE como sinónimos.
Nuestra constitución, aunque no lo parezca, de las más
modernas dentro de los países pertenecientes a las mal llamadas democracias
occidentales, aseguraba en 1978 la separación e independencia de los tres poderes
que vertebran un estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esta
independencia es la garantía de una democracia sana y plena. Pues bien, desde
esa fecha, numerosas reformas han venido socavando dicha separación de poderes,
hasta tal punto, que es el poder político el que controla totalmente al poder
judicial, dicho sea de paso, el único órgano encargado de auditar y velar por
la honestidad y finalidad de dicho poder político.
Las reformas a las que hago mención (leyes orgánicas de 1985,
2003 y posteriores reformas hasta hoy) dan a los políticos el don atribuido por
ellos mismos de elegir a los integrantes de los órganos más importantes del
poder judicial, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal
Superior de Justicia y el Tribunal Constitucional.
Evidentemente los partidos mayoritarios, dícese PP y PSOE,
se reparten los nombramientos de los vocales en dichos órganos. Por lo que el
CGPJ, órgano que controla hasta el ascenso de un alguacil dentro de un juzgado,
podríamos decir, es afín a esos dos partidos políticos.
Dicho todo esto, ¿alguien cree por tanto que algún político
corrupto de ambos partidos puede sentir el más mínimo miedo a ‘trapichear’
llenándose los bolsillos, quien dice bolsillos dice cuentas en Suiza? Evidentemente
no.
Mucho ingenuo puede decir, pero si PP y PSOE no dejan de
tirarse los trastos los unos a los otros. Si parte del CGPJ está controlada por
PP y otra por PSOE, uno destapará los casos de corrupción de los otros y las
penas serán ejemplares en tal caso. Pues nada más lejos de la realidad. A esos
niveles funciona el hoy por ti y mañana por mí. Yo no toco a los tuyos si tu no
tocas a los míos.
Sin hablar de que pobrecito del juez que ose levantar la
mano para decir, oiga usted, fulanito se está llevando el dinero de los
ciudadanos clamorosamente y todo su entorno es cómplice de ello. En dos semanas
pasa de preguntar al abogado defensor por su alegato final a preguntar detrás
de una caja de McDonalds si desea patatas gajo con el menú Happymeal.
¿Pero y el caso Gurtel o el caso de los ERE's? Se están
juzgando. Sí, pero estos no son casos, son escándalos. Y solo cuando el ‘corruptómetro’
llega a niveles de escándalo y toda la sociedad se hace eco del asunto, ya no
le queda más remedio al poder político/judicial que entrar de lleno y buscar
probablemente cabezas de turco ejemplarizantes y ponerse la medalla de que se
lucha contra la corrupción y que se vela por la legalidad ante todo. Algo tan
falso como un billete de 7 euros.
Vivimos en una democracia tiránica, en la que le poder político
se ha atribuido todo el control y hace y deshace sin pudor como le place. Es
sangrante como puede haber imputados en las listas de los partidos o campando a
sus anchas con gesto desafiante a la sociedad. Como un ‘pobrecito’ que roba cuatro
duros por desesperación pura y dura se pudre en la cárcel y los presos de traje
de Armani pasan un añito sabático en prisión por robarnos a todos los
ciudadanos más de lo que podamos ganar juntos a lo largo de nuestras vidas los que
pasemos a leer estas letras. Después claro está todo el patrimonio y las
cuentas en las islas Caimán, siguen intactos.
He sido benévolo creo, he mandado un año a la cárcel a un
supuesto corrupto. Cuando la mayoría llena palcos de eventos deportivos, tienen
primera fila en la ópera o se pasean en yate por Palma de Mallorca, sin haber
pisado jamás un juzgado.
Es el momento de que exijamos que se cumpla de verdad
nuestra Constitución, de que se nos garantice de verdad la independencia de la justicia,
de que tengamos una justicia igual para todos. Es la medicina que necesita
nuestra enferma democracia. ¿Por qué tienen que ser los políticos los
encargados de controlar a los jueces y no al revés? Es de sentido común.
Deberíamos ser nosotros, los ciudadanos, los que deberíamos elegir también a
estos órganos, ¿por qué no? Sería una doble potenciación de nuestra democracia:
nosotros elegimos los pastores del rebaño político garantizando así su
independencia.
